Los jueces, secretarios y alguaciles que integran el Poder Judicial de los estados Bolívar, Monagas y Delta Amacuro recibieron este jueves 27 de noviembre una charla formativa acerca de los aspectos metodológicos del índice nacional de precios al consumidor (INPC).
Esta actividad se enmarca dentro del plan divulgativo diseñado para explicarles a los magistrados de todo el país, los alcances, ventajas y la aplicabilidad dentro del ámbito jurídico, del indicador que construye mensualmente el Banco Central de Venezuela (BCV) junto con el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En representación del BCV, acudió Magalis Figueroa, coordinadora de Proyectos de la gerencia de Estadísticas Económicas, Franklin Mendoza, estadístico de la misma gerencia, y Holimar Pineda, de la Consultoría Jurídica. Por el INE estuvo presente la gerente estadal para Bolívar, Angelina Biondo.
Omer Rosario Godoy, director administrativo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) en el estado Bolívar, agradeció el esfuerzo realizado por el Banco Central y el INE. Igualmente, expresó que este tipo de talleres son fundamentales en el seno del Poder Judicial.
“Nos parece bien interesante el trabajo que se está realizando con el índice nacional de precios al consumidor. Estas exposiciones nos permiten comprender las estadísticas y utilizar la metodología más adecuada para tomar decisiones de carácter judicial que impliquen la indexación de montos o expresiones monetarias”, completó.
De acuerdo con la resolución 08-04-01 emitida por el Banco Central de Venezuela, a partir de este año 2008, el INPC debe utilizarse como referencia para escalar, indexar o actualizar aquellos valores que deban ser modificados. El INPC es un indicador que mide mensualmente la evolución de los precios de una canasta de servicios compuesta por 362 rubros. Para su levantamiento se consultan 300.000 precios en 22.000 establecimientos de todo el país.
El evento se llevó a cabo en el teatro Orinoco de la CVG-Venalum en Puerto Ordaz, y constituye la tercera exposición de este tipo que realizan las tres instituciones. Con este programa, que se inició el 31 de octubre, se ha atendido a jueces, magistrados, secretarios y alguaciles de los estados Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Nueva Esparta, Amazonas, Anzoátegui y Sucre.
